El operativo resultó tan desproporcionado que ya desde temprano se podía prever que iba a haber represión. Rodeando el edificio de Capital Humano fueron desplegados efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Además de efectivos con escudos, que empujaron a los manifestantes para sacarlos de la vereda del ministerio, la policía motorizada hizo rugir sus móviles en una estrategia de amedrentamiento. Los observadores de la Defensoría de Pueblo advirtieron que había además personal de las fuerzas de seguridad vestidos de civil.
Los manifestantes eran trabajadores de áreas de Desarrollo Social y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es decir quienes tienen a cargo la implementación de programas de asistencia. Si bien la mayoría trabajan en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires, también había en la protesta delegaciones del interior del país, trabajadores de los centros de referencia que viajaron para sumarse al reclamo.
Por la represión, la protesta estuvo terminada en diez minutos. Le siguió una desconcentración tensa: para evitar que la policía hiciera detenciones, los estatales se mantuvieron juntos. De los gaseados, por lo menos diez se veían muy afectados por los químicos, que producen quemaduras en la piel. Sus compañeros los auxiliaron tirándoles leche en la cara para aflojar el ardor y los ayudaron a caminar, a ciegas, hasta que pudieron subirlos a una camioneta de ATE, que los llevó al hospital.
“Estamos frente al exterminio de las políticas sociales”, dijo a Página/12 Ingrid Manfred, secretaria general de la Junta de ATE en Desarrollo Social. “El año pasado ya fueron despedidos 1800 trabajadores del ministerio. Ahora quieren hacer nuevos despidos masivos. Las áreas de Desarrollo Humano tienen 5400 trabajadores, de ellos hay 2800 con contratos que vencen el 28 de febrero y lo que circula en los pasillos es que quieren a echar a entre el 50 y 70 por ciento del total, no sólo a contratados sino a trabajadores de planta; esto dejaría al ministerio achicado a su mínima expresión", afirmó.
“Acá no hay ñoquis, acá no hay casta: acá hay profesionales, istrativos y trabajadores sociales que todos los días vienen a su puesto de trabajo para hacer valer los derechos de los que menos tienen. Ya fueron desmanteladas las políticas territoriales: la asistencia directa a los más pobres, a los afectados por catástrofes climáticas como incendios o inundaciones. Ya vimos cómo se cortó el envío de alimentos y el a los remedios a los jubilados. Van a desaparecer otras funciones muy importantes, como el abordaje con trabajadoras sociales de las familias que necesitan asistencia, el de la población más empobrecida a derechos que son básicos. Lo que está pasando es cruel y es criminal”, concluyó Manfred.
La nueva ola de despidos es un medida en manos de Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado. La aplicará haciendo uso de las facultades delegadas por la Ley Bases y apurado por el aprieto fiscal derivado de la baja de las retenciones al campo.
Al comenzar el día, Rodolfo Aguiar, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, denunció que el gobierno busca despedirlo. El dirigente contó que desde temprano, desde la istración central del PAMI -donde tiene su puesto de trabajo- “estuvieron pidiendo mi legajo y los datos que se utilizan para preparar una liquidación final” de haberes.
El dirigente pertenece a la planta permanente del PAMI de General Roca, Río Negro y tiene fueros gremiales por su función. Un despido no sería una medida fácil para el gobierno; pero teniendo en cuenta que fue una de las figuras sindicales más confrontativas durante el 2024, no sería una sorpresa que los libertarios, en vísperas de los nuevos despidos masivos, estén tramando una movida para desactivarlo.
Este jueves, de manera simultánea a la marcha a Capital Humano, ATE Nacional se movilizó a la sede central del PAMI. El sindicato advirtió que el congelamiento salarial y los despidos ponen en riesgo el funcionamiento de la obra social de los jubilados.
Además aseguró que han detectado “graves irregularidades en los convenios con los prestadores privados, pagándose sin auditar sumas millonarias mensuales. También verificamos que les están cobrando a los beneficiarios plus y aranceles diferenciados”.
“Hoy los jubilados necesitan más que nunca a su obra social y esta les niega todas las prestaciones. Tenemos enfrente una de las peores gestiones que se recuerden”, señalaron desde ATE en un comunicado.
El gremio planteó que el gobierno de Milei “está llevando adelante un vaciamiento sin precedentes del PAMI, que es una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica, con el tercer presupuesto luego de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El gobierno está saqueando una caja multimillonaria y dejando morir a miles de jubilados en todo el país”.
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