También desde la misma mesa de reunión, el senador nacional y presidente nacional del Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy fue más explícito y afirmó que "el fallo de la Corte Suprema es una declaración de guerra a la democracia". Subrayó que se trata de "un fallo absolutamente proscriptivo contra Cristina y que le pone un cerco a la voluntad popular”.
El proceso judicial “vulneró principios y garantías procesales básicas”, y de esta manera confirmó que “el estado de derecho ha muerto", sostuvo Leavy. Y cerró con una advertencia política: “La pueden meter presa pero el pueblo no se va a resignar a tener un futuro mejor”.
A pesar de la contundencia de los mensajes, desde la conducción del PJ Salta no se convocó formalmente a ninguna movilización. Solo se emitió un breve comunicado en el que el Consejo Directivo expresó su solidaridad con la expresidenta y titular del PJ a nivel nacional, rechazando "los intentos de proscripción" y ratificando su compromiso con los principios del estado de derecho y las garantías constitucionales.
El texto, que circuló pasadas las 20 del martes, se sumó a los múltiples pronunciamientos de referentes políticos locales que vieron en el fallo un quiebre institucional de gravedad inusitada. Este diario pudo saber que las autoridades del Consejo Directivo se reunirán hoy a las 11, para analizar la situación.
En diálogo con Salta/12, el vicepresidente del PJ salteño, Gastón Galindez, fue más allá y calificó el fallo como parte de una trama de persecución política. “¿Proscribirla de por vida? ¿No es un poco la historia del peronismo?”, se preguntó, trazando un paralelismo histórico entre el actual proceso contra Cristina Fernández y los antecedentes de proscripción sufridos por el peronismo en otras etapas.
Galíndez dijo que en lo que respecta a lo judicial, "la causa está plagada de irregularidades y no respeta el principio de responsabilidad objetivo del derecho penal". Mientras que en lo político, se da una "interferencia del poder en el sistema judicial con fines de persecución y proscripción a la dirigente más importante de la oposición". A su vez, afirmó que en el entramado social, se deja "en claro que más allá del fallo, el deterioro económico y social de la argentina en los últimos meses es inocultable”.
La cautela oficial del pejotismo salteño contrastó con la reacción de base. Desde las 18, una autoconvocatoria se concentró en la plaza 9 de Julio, donde militantes de distintos espacios, dirigentes y referentes del campo popular salteño se reunieron para manifestar su repudio. Con banderas de las organizaciones de derechos humanos, del peronismo y de la izquierda, de agrupaciones estudiantiles, y con pancartas que denunciaban el “partido judicial” y consignas que exigían “democracia sin proscripciones”, la plaza volvió a ser escenario del reclamo político.
Uno de los que se acercó fue Ramón “Rana” Villa, exdiputado provincial y dirigente del Partido de la Victoria. “Esto ya le ha pasado al peronismo cuando ha sido proscripto Perón. Indudablemente esta medida apunta claramente a proscribir a Cristina”, dijo. Villa describió el fallo como una “decisión bochornosa, vergonzosa, sin validez jurídica”, y afirmó que “la gente se va a movilizar”, porque “esto es un ataque directo a la democracia”.
Más allá de las posiciones ideológicas o los matices partidarios, lo que se expresó en Salta ante el fallo de la Corte Suprema fue un grito político que trasciende incluso a la figura de Cristina. En las distintas intervenciones se ratificó la defensa de la democracia, se condenó la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento, y se denunció que la Justicia opera según los calendarios electorales.
Esa coincidencia, que abarcó desde el peronismo hasta la izquierda, se condensó en una misma preocupación, puesto que se manifestó que si se naturaliza la proscripción, "está en juego no es solo el destino de una dirigente, sino el sentido mismo del voto y de la República", como expresó un militante que se convocó en la plaza 9 de julio.
Desde distintos sectores, el mensaje fue unánime: el fallo del máximo tribunal nacional es un acto de proscripción política. Quien también se expresó -incluso antes de saber la decisión de la Corte- fue Juan Manuel Urtubey, exgobernador salteño, que desde hace años se ha mantenido distante del kirchnerismo. “Desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción”, manifestó en sus redes sociales.
A su turno, el abogado y presidente del Comité contra la Tortura en Salta, Rodrigo Solá, opinó que lo decidido por la Corte es “una vergüenza institucional”. Para él, “una Corte incompleta, débil y sin legitimidad jurídica ni moral juega fuerte en el plano político”, y advirtió ante Salta/12 que “todo el pueblo queda más inseguro, sin garantías judiciales ni expectativas de juicios justos”.
Por su parte, Pablo Kosiner, exdiputado nacional y dirigente de la agrupación Primero la Patria, denunció ante este diario que “el fallo no busca justicia sino proscripción”. Afirmó que los jueces que fallaron en contra de Cristina “ya habían perdido legitimidad cuando tomaron juramento a un juez designado por decreto”. Asimismo, advirtió que “una república fuerte no se construye con justicia funcional a la coyuntura política”.
La CGT Regional Salta también alzó su voz con un comunicado titulado "La democracia está en peligro", en el que denunció la presión “mediática y política” ejercida para forzar un fallo que impide la candidatura de Cristina. Carlos Rodas, por el consejo directivo, llamó a los sindicatos “a unirse en la defensa de la democracia” y convocó a concentrarse frente al Cabildo, símbolo de la libertad.
En paralelo, Unión por la Patria Salta emitió un extenso comunicado en el que calificó la decisión de la Corte como una maniobra “activada por el gobierno de Javier Milei y sus aliados del PRO” junto a "los sectores del poder económico argentino e internacional”. La declaración, firmada por senadores, diputados, dirigentes de partidos y organizaciones sociales, pidió declararse “en estado de alerta y movilización permanente en todo el territorio de la provincia de Salta”.
Incluso desde la izquierda hubo señales claras. El Partido Obrero, en un comunicado refrendado por Claudio del Plá, afirmó que la resolución de la Corte “implica un grave hecho de proscripción política que debe ser repudiado”. A pesar de mantener su crítica a los gobiernos del kirchnerismo, cuestionó más duramente a la justicia argentina: “El Poder Judicial actúa según los intereses de camarillas y grupos económicos. La política se debe debatir en las urnas”, denunció.
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