Aunque la documentación fue puesta a disposición de Armella el lunes por la fiscal interviniente, María Cecilia Incardona, la decisión recién se dio a conocer el último día hábil de la semana, en la víspera de un fin de semana largo.
Por un lado, la demora dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre qué haría el juez, ya que la voluntad de la AmCham, a la que el gobierno nacional es extremadamente permeable, era y sigue siendo la clausura definitiva. Ocurre que La Salada es señalada en reportes del FBI desde hace al menos una década como una zona caliente en materia de falsificación y contrabando.
La novedad se produce justo al inicio de un fin de semana largo, que suele marcar picos de afluencia y venta porque facilita el desplazamiento a la feria de comerciantes provenientes de los puntos más alejados de toda la geografía argentina.
Una vez notificada por el juez, la fiscal dio intervención a las autoridades de la Policía Federal. El sábado 14 a partir de las 10, concluida la revisión de la mercadería y secuestro de la ropa falsificada, los feriantes podrán ingresar y tomar posesión de sus puestos y pertenencias.
En el escrito, al que tuvo Buenos Aires/12, el juez justifica la clausura con el argumento de que "el abundante material probatorio reunido determinó que a partir de la explotación de los predios feriales Punta Mogote, MegaPolo La Salada y Urkupiña, de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, Jorge Omar Castillo, Aldo Enrique Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Esteban Antequera obtuvieron beneficios económicos millonarios producto de la evasión fiscal y la generación de una estructura que permitió que miles de puesteros cometieran a diario distintos delitos".
"Ante este panorama, la clausura de los predios se presentó como indispensable para cesar los delitos investigados y evitar la permanencia de la asociación ilícita, así como la obtención de ganancias ilícitas por la venta de productos textiles con marcas adulteradas o falsas."
En consecuencia, "se solicitó la clausura de los predios, inclusive el que aquí se encuentra en revisión, por considerar que resultaba ser la única herramienta eficaz para lograr hacer cesar la comisión de ilícitos que cuya investigación se encuentra en curso, hasta tanto no se regularice la situación de la feria".
La misma resolución judicial habilita la intervención de las ferias, cuyos detalles deberá decidir Incardona. La posibilidad de una intervención fue adelantada a Buenos Aires/12 por César Albarracín, el abogado de Jorge Castillo, diez días atrás.
"Parece haber una voluntad de terminar con la feria, producto de una simplificación brutal, casi infantil, que yo considero ideológica. Después, en el medio, una vez que se baja esa orden, terminen con la feria, hay que ver qué hacen los actores involucrados, los encargados de ejecutarla. Cuando se interviene un sindicato o un club, termina fundido y los interventores, ricos. Yo no descarto para nada que intenten algo así", afirmó en esa ocasión.
En consonancia con la hipótesis de Albarracín, el juez declara "la prohibición de innovar respecto de los activos de las sociedades referidas" y "la intervención judicial de Urkupiña SA., Punta Mogote S.C.A., y S.A. y Cooperativa Ocean".
Para ello, se deberá proceder a "designar un profesional en Ciencias Económicas para cada una de las empresas, ello mediante sorteo por Sistema Lex 100, de conformidad a lo establecido por el art. 222 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 115 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, en función del art. 520 del Código Procesal Penal de la Nación, por un plazo de 90 días que podrán ser prorrogables".
El mismo escrito detalla exhaustivamente las funciones de los interventores. Entre ellas figuran las de "asegurar que se llevan a cabo buenas prácticas de negocios y gestión", "realizar un informe mensual sobre el estado de situación y, rendir cuentas periódicamente sobre lo actuado", "registrar a todos los empleados en relación de dependencia, evitando la contratación irregular" y "registrar de forma completa cada venta y/o locación de cada uno de los puestos que componen la feria".
También deberán "instalar un sistema o aplicación para que toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado, evitando el uso de dinero en efectivo", "registrar cada una de las personas físicas o jurídicas dueñas o inquilinas de los puestos", "transparentar el verdadero importe pagado para esa operación" y "unificar la contabilidad de la empresa en cuentas bancarias correctamente identificadas".
Incardona es quien, como informó Buenos Aires/12 en exclusiva, libró un oficio internacional solicitando la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (Homeland Security) en la causa por presunto lavado de activos, por la que permanecen detenidos Jorge Castillo, Enrique Antequera y otra docena de empresarios.
Ubicada a la vera del Riachuelo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, La Salada es la feria más grande de América Latina. Nació en los noventa, como respuesta de los talleres de confección que trabajaban para las grandes marcas, pero vivían al borde de la quiebra por las condiciones abusivas que estas les imponían.
A partir de la apertura de las ferias, desarrollaron un modelo de venta directa, del productor al consumidor, con márgenes de ganancia mínimos y grandes volúmenes, que sintetizaron en el lema "precio justo, trabajo digno".
Esa política funcionó durante años como salario indirecto de los sectores populares. Sin la feria, los vendedores dicen que el gran ecosistema textil del conurbano debería aceptar las condiciones leoninas de las grandes marcas.
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